Cuando la policía se pone a catar aceites, la cosa se complica. Acaba de ocurrir en Italia, concretamente en Turín. La fiscalía de la ciudad piamontesa ha iniciado diligencias contra la multinacional Deoleo a raíz de una serie de análisis publicados por la revista Il Test. Según estos resultados, el etiquetado de algunas de las marcas del emporio oleícola (nada más y nada menos que las más conocidas: Carapelli, Sasso y Bertolli) no se ajustan a principios legales.

Esta supuesta ilegalidad ha motivado una fuerte polémica, basada en la falta de correspondencia entre los datos de la etiqueta y las características de los mencionados aceites. Portales como agroinformacion.com se han hecho eco recientemente de la reacción por parte de los responsables de Deoleo, que han manifestado su rechazo al procedimiento empleado por los profesionales de la cata a los que la fiscalía ha encargado examinar las muestras. Vienen a decir que se trata de una mera prueba organoléptica y que, como es evidente, ésta sólo se sostiene en criterios subjetivos que poco tienen que ver con los rigores de la ley. Por supuesto, consideran que los parámetros químicos de sus aceites están fuera de toda duda.

En cualquier caso, lo cierto es que llueve sobre mojado y que la controversia, al margen de quiénes sean los afectados y de dónde esté la verdad del caso, vuelve a dirigirse contra uno de los puntos más flacos de la producción oleícola: la etiqueta de los aceites y los problemas derivados de su interpretación. Un motivo más para apostar por un nuevo marco legal que limite las posibilidades de confundir a los consumidores.